Bono social: SPJ-USO-Andalucía denuncia una nueva traba burocrática de las eléctricas para concederlo

USO denuncia que las eléctricas imponen una nueva traba administrativa para conceder el bono social que afecta a los colectivos más vulnerables

SPJ-USO-Andalucía ha denunciado una nueva traba burocrática a la concesión del bono social por parte de las compañías eléctricas. La traba ha sido descubierta y verificada por este USO a través de nuestros representantes sindicales en la Administración de Justicia. Es en estos órganos donde se está produciendo la paralización.

¿En qué consiste la traba administrativa a la concesión del bono social?

Esta traba administrativa que denuncia SPJ-USO consiste en requerir, para la tramitación y concesión del bono social, un certificado de fe de vida y estado. El requisito, pese a no publicarse de manera abierta en los portales informativos de las eléctricas, sí que se exige a los usuarios.

Gracias a la verificación que ha realizado USO, poniéndose en contacto con el personal funcionario del Registro Civil de Málaga, hemos podido confirmar este obstáculo. «Nos hemos dado cuenta de que en las dependencias del Registro Civil de Málaga se les está exigiendo a los usuarios este requisito junto con la documentación», aclara Adriano Moreno, secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía.

Daño a la protección de los colectivos más vulnerables

El requisito impuesto de facto por las eléctricas afecta directamente a la protección de los colectivos más vulnerables. El funcionariado del Registro Civil de Málaga ha relatado a USO el número incontable e inasumible de solicitudes de certificados de vida y estado que diariamente gestionan a la ciudadanía. «El certificado fue interpuesto como exigencia dilatoria por parte de las eléctricas en lo referente al bono social. Tenemos constancia de que es así», apunta Moreno.

Colapso de los registros civiles

Con esta exigencia a la ciudadanía, el colapso de las dependencias de los registros civiles es inevitable. «En los juzgados de paz, se está obligando a asistir de forma presencial y aguardar ante las salas de espera a colectivos que son altamente vulnerables al covid-19, para justificarle documentalmente a las eléctricas que tienen derecho al bono», añade Moreno.

SPJ-USO denuncia que el bono social es un derecho de la ciudadanía que no puede depender de trabas añadidas. «Entendemos que la exposición de la ciudadanía al contagio por covid-19 supone un riesgo innecesario y temerario. Además, denunciamos el colapso que esto está generando en todos los registros civiles, órganos judiciales de vital importancia», sentencia el secretario general de SPJ-USO-Andalucía.