La Justicia andaluza no está preparada para la Fase 2 de desescalada judicial

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía pide que la desescalada en los órganos judiciales vaya al ritmo de la desescalada sanitaria y test para el todo el personal

El Sindicato Profesional de Justicia de USO-Andalucía ha pedido sentido común a los dirigentes y gestores políticos para la llevar a cabo la desescalada en Justicia. SPJ-USO defiende que esta tiene que ir, necesariamente, al ritmo de la desescalada sanitaria. Además, ha reclamado que “las pruebas de detección del covid-19, los famosos test, lleguen a todo el personal de Justicia, y no solo a jueces y magistrados. El derecho a la salud pertenece a todos por igual y los riesgos en los centros de trabajo no distinguen por categorías profesionales”, defiende Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO-Andalucía.

La preservación del personal con factores especiales de riesgo es otra de las reivindicaciones de SPJ-USO-Andalucía para este proceso.  Añade, además, otro colectivo a proteger: las personas con hijos menores a cargo o mayores dependientes que no tengan con quién dejarlos.

Carencias de los órganos judiciales andaluces para la desescalada en Justicia

Tras la implantación de la Fase 1 de desescalada en la Administración de Justicia sin distinguir los territorios que aún permanecían en Fase 0 sanitaria, se ha establecido un compás de espera mínimo para entrar en la Fase 2 que acabará el día 26 de mayo.

Esto implicará la reincorporación a los centros de trabajo de entre el 60% y el 70% del personal funcionario. Para llegar a esta Fase 2 judicial, se está haciendo oídos sordos a los ritmos impuestos por las autoridades sanitarias para poder cumplir un calendario de fechas fijadas de antemano. Con este, se pretende acabar el 4 de junio de 2020 con la reanudación plena de los plazos procesales y la presencia al 100% de los funcionarios judiciales en sus centros de trabajo.

SPJ-USO ha denunciado que, para llegar a este objetivo, se ha omitido elaborar previamente una evaluación de riesgos frente al contagio. Es decir, no se ha garantizado la suficiente distribución de equipos de protección individual (EPI) ni material de seguridad en todos los órganos. Ni siquiera se da la garantía del mantenimiento de las distancias interpersonales o la limpieza y desinfección intensificada con la frecuencia adecuada.

Reincorporación a los puestos de trabajo sin protección frente al coronavirus, incluso entre los más vulnerables

El teletrabajo, lamentablemente, no es la solución. Esta modalidad ha resultado ser una opción marginal para la Administración, tanto por falta de medios e infraestructuras como por voluntad para llevarlo a cabo. Además, se han desfigurado las normas sobre jornada, horarios, turnos, vacaciones, provisión de puestos de trabajo y movilidad forzosa. Ha faltado una negociación real con los interlocutores sindicales.

“Los métodos empleados están siendo deleznables en muchos casos. Está ordenándose la reincorporación de personas con sensibilidad al virus sin protección. Se han recortado los permisos para cuidados de menores y personas dependientes sin la debida motivación. Se ha anunciado públicamente la realización de test de diagnostico del covid-19 al personal antes de incorporarse a su puesto de trabajo siendo esto absolutamente falso”, critica Moreno. .