USO-Andalucía se moviliza contra la temporalidad en la Administración Pública

FAC USO-Andalucía ha secundado la concentración frente a la Delegación del Gobierno contra el abuso de la temporalidad en la Administración Pública

FAC-USO Andalucía ha participado hoy en la concentración contra el abuso de la temporalidad en la Administración Pública que han tenido lugar en Sevilla. Los empleados públicos temporales de toda España se han concentrado frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en 40 ciudades españolas para denunciar el abuso de la contratación temporal que sufren por parte de las administraciones, que incumplen, sin sanción alguna, tanto la normativa española como el derecho comunitario.

La convocatoria parte del grupo estatal de temporales Mi15F, un colectivo organizado por personas independientes para luchar por los derechos de los interinos y que emerge del Movimiento Independiente 15F (Plataforma Estatal de Trabajadores Públicos en fraude de ley), tras la manifestación de Madrid.

En la FAC-USO Andalucía, donde siempre hemos velado por los derechos de los interinos y habiendo participado activamente en la concentración del 15F en Madrid, nos sumamos a estas concentraciones y todas las que se lleven a cabo para conseguir lo que es justo para un colectivo muy castigado por la Administración.

Desde FAC USO-Andalucía denunciamos la situación claramente abusiva y amparada y promovida por la Administración que sufren miles de empleados públicos, que supone un claro fraude de ley por abuso de la temporalidad. De igual forma, reivindicamos que las que las Administraciones cumplan con la normativa vigente, que se lleve un control de la temporalidad de las contrataciones y que se sancione su abuso.

Más de 800.000 empleados públicos en fraude de ley

Actualmente en España hay más de 800.000 empleados y empleadas públicos de las distintas Administraciones que se encuentran en situación de fraude de ley por abuso de temporalidad. Tanto Función Pública como los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) han permitido esta situación, haciendo caso omiso a la Directiva Europea 1999/70/CE, de obligado cumplimiento desde 2001, y que España sigue sin trasponer a día de hoy. Sin embargo, tras la constatación de esta situación de abuso por parte del alto Tribunal Europeo, se deja en manos de los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada al mismo.